Nota: hago públicas sólo algunas ideas extraídas de un artículo derivado de una investigación realizada durante 2010-11 sobre este tema.
La sostenibilidad, inmediata y a largo plazo, de los sistemas sanitarios es uno de los pilares de los estados de bienestar, aunque haya quien a todas luces lo esté intentando desmantelar aunque el marco lingüístico creado sea el de "refundar el Estado de Bienestar". La expansión del gasto sanitario y la dificultad de financiarlo ha convertido a la política sanitaria en una política estratégica. Así, favorecer el consumo de medicamentos genéricos o EFG,s, bioequivalentes y con menor coste, se ha convertido en una de las principales medidas de racionalización adoptadas por los gobiernos en toda Europa.
Lo que ha llevado a la necesidad de la implantación de métodos de contención, racionalización, supervisión y mejora de la eficiencia del gasto sanitario y, en especial, del farmacéutico. Sin embargo, esta opción colisiona con los intereses de las principales compañías del sector farmacéutico que producen medicamentos de marca, que en otro alarde de creación eficaz de un marco lingüístico muy extendido han dado en denominarse, sólo en España, "medicamentos innovadores" cuando en la terminología anglosajona se les denomina branded medicines o, más comúnmente, brand name drugs.
A la vez, desde una perspectiva social y de salud pública la exigencia de calidad, seguridad y eficacia que aportan los medicamentos para la prevención, mantenimiento y recuperación de la salud sería “dilapidada si medicamentos útiles son negados a los pacientes por razones de coste” [1].
Se trata, por lo tanto, de encontrar un equilibrio entre la equidad en el acceso social a la salud y la disponibilidad de medicamentos, percibidos por la sociedad como una forma de tecnología que es la que realmente cura la enfermedad, (de tal forma que los ciudadanos recibamos el mayor valor posible por su dinero -de forma directa o indirecta vía impuestos-), y la necesidad de asegurar la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud.
En este contexto, los intereses de la industria farmacéutica, de los gobiernos y de los ciudadanos no siempre coinciden.
La revista The Lancet, en enero de 2002, en su editorial Countering delays in introduction of generic drugs afirmaba ya en relación con estos laboratorios que “cuanto más tiempo necesitan las versiones genéricas de sus medicamentos en conseguir la licencia, más grandes son sus beneficios. Sus tácticas dilatorias han sido foco de interés en EEUU durante estos últimos años”(2). En el mismo editorial The Lancet expone los casos de como laboratorios de medicamentos de marca diseñaron estrategias para, por un lado, “apartar a los competidores de fármacos de genéricos en EEUU por medio de la obtención de nuevas patentes de sus productos” retrasando así la pérdida de las patentes o ampliando por “seis meses de extensión de la patente cuando el medicamento ha sido testado en niños” y, por otro, dilatar o “retrasar la versión genérica” para su entrada en el mercado.
La constatación de “retrasos de 30 meses” en la aprobación de un medicamento genérico mostraba claramente la necesidad de “realizar esfuerzos para abordar estas prácticas anticompetitivas” en los EEUU. Y no se trata solo de un problema estadounidense: “estas experiencias en los EEUU suponen lecciones para los reguladores medicamentos en cualquier lugar. En particular para la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos (EMEA) […] que debe prepararse para afrontar problemas semejantes cuando se acerquen los 10 años de expiración de las licencias de los medicamentos patentados”(3). ¿Alguien quiere discutirle a The Lancet?
(1) The Lancet, “Countering delays in introduction of generic drugs”, The Lancet, v. 359, nº 9302, 19 January, 2002, pág. 181.
(2) ídem
(3) ídem